El socialismo del siglo XXI en su contexto histórico

Introducción

La victoria electoral de gobiernos de centro-izquierda en al menos tres países de América Latina y la búsqueda de una nueva identidad ideológica con que justificar su poder, ha conducido a ideólogos y gobernantes a abrazar la idea de que representan una nueva versión del socialismo, propia del siglo XXI. Destacados escritores, académicos y portavoces de estos gobiernos celebran una variante totalmente nueva del socialismo, completamente distinta de lo que llaman el fallido socialismo del siglo XX, es decir, el socialismo de estilo soviético. Los defensores y publicistas del socialismo del siglo XXI aseguran que se trata de un nuevo modelo político-económico, basado en lo que ellos consideran una ruptura radical tanto con el neoliberalismo de libre mercado de los gobiernos precedentes, como con la anterior versión estatista del socialismo, encarnada por la antigua Unión Soviética, China y Cuba.

En este trabajo procederemos a examinar las diferentes críticas planteadas por el nuevo socialismo tanto al neoliberalismo como al socialismo del siglo XX, la autenticidad de sus afirmaciones de novedad y originalidad, y realizaremos un análisis crítico de su desempeño real.


La crítica del neoliberalismo

El aumento del número de gobiernos que se adscriben al socialismo del siglo XXI fue resultado de la crisis y desaparición de los gobiernos neoliberales que dominaban América Latina desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de 1990. Su desaparición se vio acelerada por una serie de levantamientos populares que impulsaron el ascenso de gobiernos de centro-izquierda con programas de rechazo de las doctrinas socioeconómicas neoliberales y la promesa de cambios fundamentales a favor de las grandes mayorías. Si bien existen importantes diferencias programáticas entre los diferentes gobiernos de este grupo, todos comparten una crítica común a seis características de las políticas neoliberales:

(1) rechazan la idea de que el mercado deba tener prioridad para el Estado y dominar a éste, es decir, que la lógica de la clase capitalista de maximización del beneficio deba dar forma a las políticas públicas. El colapso del capitalismo de mercado en la recesión de 2000-2002 y el empobrecimiento masivo desacreditaron la doctrina de los mercados racionales, a medida que crecían las quiebras empresariales y bancarias, que la clase media perdía sus ahorros, y las calles y plazas se llenaban de obreros y campesinos desempleados;

(2) los gobiernos del socialismo del siglo XXI condenan la desregulación de la economía que condujo al auge de los especuladores en detrimento del capitalismo productivo. Bajo la égida de los dirigentes neoliberales, la legislación reglamentaria adoptada desde la Gran Depresión fue derogada y en su lugar las políticas de control de capitales y la supervisión financiera se suspendieron en favor de un sistema de autorregulación, en el que los agentes del mercado establecieron sus propias normas, lo que condujo, según sus críticos, a la especulación, las estafas financieras y el saqueo de las tesorerías públicas y privadas;

(3) el predominio de las finanzas sobre la producción es la pieza central del discurso anticapitalista de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Hay implícita una diferenciación entre el mal capitalismo, que obtiene riquezas sin producir bienes, y el buen capitalismo que supuestamente produce valor de utilidad social;

(4) relacionada con esta crítica global del neoliberalismo, hay una crítica concreta de la reducción de las barreras arancelarias, la privatización de empresas públicas por debajo de su valor real de mercado, la desnacionalización de la propiedad de los recursos estratégicos, y el crecimiento masivo de la desigualdad;

(5) el socialismo del siglo XXI asegura que los gobiernos neoliberales entregaron las palancas de la economía a banqueros privados y extranjeros (como el FMI) que impusieron medidas deflacionarias en lugar de reflotar la economía a través de transfusiones de gasto público. Los dirigentes políticos de centro-izquierda utilizan esta crítica del neoliberalismo y la promesa implícita de una ruptura futura decisiva con el capitalismo neoliberal, sin comprometerse a una ruptura concreta con el capitalismo de otras variedades;

(6) mientras que la crítica de los gobiernos de centro-izquierda atrajo a las clases populares, su rechazo al socialismo del siglo XX iba dirigido a la clase media y a tranquilizar a las clases productivas (empresarios), asegurando que no iban a invadir la propiedad privada en su conjunto.

Crítica al socialismo del siglo XX

En una especie de acto de equilibrio político a su oposición al neoliberalismo, los defensores del socialismo del siglo XXI también se distancian de lo que denominan socialismo del siglo XX. En parte como una táctica política para desarmar o neutralizar a los numerosos y poderosos críticos de los gobiernos socialistas del pasado, en parte como afirmación de un socialismo en sintonía con los tiempos, el socialismo del siglo XXI hace la siguiente crítica del anterior socialismo, a la vez que pone de relieve sus diferencias con el mismo:

(1) el socialismo del pasado estaba dominado por una burocracia de mano dura, que realizaba una mala asignación de recursos y ahogaba la innovación y la elección personal;

(2) el viejo socialismo era profundamente antidemocrático, tanto en la forma de gobierno, como en la organización de elecciones y el Estado de partido único. La represión de los derechos civiles y de todo tipo de mercado forma parte de la narrativa del socialismo del siglo XXI;

(3) el socialismo del siglo XXI relaciona la democracia como sistema con la vía electoral al poder o la alternancia en el gobierno; condena los cambios de gobierno producidos por la lucha armada, y especialmente los movimientos guerrilleros, aunque los tres gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI llegaron al poder mediante elecciones que siguieron a levantamientos populares;

(4) uno de los principales argumentos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI es que en el pasado, los socialistas no tenían en cuenta las especificidades de cada país. Concretamente, destacan las diferencias en materia racial, étnica, geográfica, cultural, de tradiciones y práctica histórica, etc. que ahora son tenidas en cuenta en la definición de socialismo del siglo XXI;

(5) en relación con el punto anterior, el socialismo del siglo XXI hace hincapié en la nueva configuración global de poder del presente siglo, que da forma a las políticas y potencialidades del nuevo socialismo. Entre los nuevos factores citan la desaparición de la antigua URSS y la conversión de China al capitalismo; el descenso relativo de una economía mundial centrada en EE.UU.; el crecimiento de Asia, especialmente China; la emergencia de iniciativas regionales promovidas por Venezuela; el aumento de los gobiernos de centro-izquierda en toda América Latina, y unos mercados diversificados, en Asia, en América Latina, Oriente Próximo y otros lugares;

(6) los gobiernos del socialismo del siglo XXI afirman que la nueva configuración de la sociedad y el Estado no es una copia de otros Estados socialistas, pasados o presentes. Es casi como si cada medida, política o institución fuese un diseño del actual régimen. La originalidad o novedad es un argumento que permite reforzar la legitimidad del régimen ante las críticas externas e internas de la derecha anticomunista, y permite también descartar las críticas de fondo de la izquierda;

(7) los gobiernos del socialismo del siglo XXI hacen hincapié en el hecho de que el liderazgo no tiene vínculos pasados o presentes con el comunismo, y en el caso de Bolivia y Ecuador rechazan abiertamente el marxismo como instrumento de análisis o como base de formulación de políticas. La excepción es el presidente Hugo Chávez, cuya ideología es una mezcla de marxismo y nacionalismo vinculado al pensamiento de Simón Bolívar. Tanto Rafael Correa como Evo Morales evitan las divisiones de clase, y les contraponen la revolución ciudadana contra una oligarquía de partidos corrupta, en el caso del primero, y las comunidades indígenas andinas culturalmente oprimidas contra una oligarquía “europea”.

Crítica de los gobiernos socialistas del siglo XXI

Si bien los gobiernos del socialismo del siglo XXI afirman, más o menos claramente, lo que no son y lo que rechazan del pasado, a izquierda como a derecha, a la vez que plantean en términos generales lo que son, sus prácticas, políticas y configuraciones institucionales arrojan serias dudas sobre sus pretensiones revolucionarias, su originalidad y su capacidad para satisfacer las expectativas de su electorado popular.

Aunque una serie de ideólogos, líderes políticos y publicistas se refieran a sí mismos como socialistas del siglo XXI, hay entre ellos una gran variedad de diferencias en la teoría y la práctica. Un examen crítico de las experiencias de cada uno de los países pondrá de relieve tanto las diferencias entre los gobiernos como la validez de sus pretensiones de originalidad.

Venezuela: la cuna del socialismo del siglo XXI

El presidente Hugo Chávez ha sido el primer y principal defensor y practicante de socialismo del siglo XXI. Aunque otros presidentes y publicistas de América Latina, América del Norte y Europa se hayan subido a este carro, no hay una práctica uniforme que coincida con la retórica pública.

En muchos sentidos, el discurso del presidente Chávez y las políticas del gobierno venezolano definen los límites radicales del socialismo del siglo XXI, tanto en términos de su política exterior, que desafía las políticas de guerra de Washington, como en términos de las reformas internas de tipo socioeconómico. Sin embargo, aunque el modelo venezolano de socialismo del siglo XXI tiene rasgos innovadores y novedosos, tiene también fuertes semejanzas con las reformas de anteriores regímenes populistas-radicales de América Latina y Europa que configuraron estados de bienestar.

La novedad más llamativa y rasgo más original de la versión venezolana del socialismo del siglo XXI es la fuerte mezcla de nacionalismo histórico bolivariano, marxismo del siglo XX y populismo latinoamericano. La concepción del nuevo socialismo que tiene el presidente Chávez tiene su origen intelectual y se legitima en una escrupulosa lectura de los escritos, los discursos y las acciones de Simón Bolívar, padre fundador de la independencia de Venezuela en el siglo XIX. La concepción de una ruptura profunda con las potencias imperiales, y su dependencia del apoyo de las masas en contra de las élites nacionales poco fiables capaces de vender al país para defender sus privilegios está profundamente arraigada en sus lecturas de la ascensión y caída de Simón Bolívar. Sin pretextar una identificación entre Bolívar y marxismo, el presidente insiste en el carácter endógeno y las raíces nacionales de su ideología y su práctica. Si bien apoya a la revolución cubana y mantiene una estrecha relación con Fidel Castro, es evidente que no hace ningún esfuerzo por asimilar o copiar el modelo cubano, aunque adapte a la realidad venezolana determinadas características de sus organizaciones de masas.

Su práctica económica incluye la nacionalización y la expropiación (con indemnización) de amplios sectores de la industria del petróleo; la nacionalización de empresas clave sobre la base de consideraciones políticas pragmáticas, entre otras los conflictos entre trabajadores y capital (sectores del acero, cemento, telecomunicaciones); y la búsqueda de una mayor seguridad alimentaria (reforma agraria). Su programa político incluye la formación de un partido socialista de masas que compita en el marco de un sistema pluripartidista, y la convocatoria de referéndums libres y abiertos para asegurar las reformas constitucionales. La novedad consiste en el fomento del autogobierno local, mediante la formación de consejos comunales no partidistas, basados en los barrios, con el fin de evitar el peso muerto de una burocracia ineficiente, hostil y corrupta. El objetivo de Chávez parece ser el de la sustitución de unas políticas electorales “representativas”, dirigidas por la clase política profesional, por un sistema de democracia directa basado en la autogestión en fábricas y barrios. En términos de política social, se ha financiado una gran cantidad de programas destinados a elevar el nivel de vida del 60% de la población, que incluye a la clase obrera, los trabajadores autónomos, los pobres, los campesinos y las mujeres cabeza de familia. Estas reformas incluyen la atención médica y la educación hasta la universidad, ambas con carácter universal y gratuito. Asimismo, la contratación de más de 20.000 médicos, dentistas y técnicos cubanos, y un programa masivo que abarca la construcción de clínicas, hospitales y unidades móviles que circulan por todo el interior del país y prioriza los vecindarios de bajos ingresos, ignorados por los anteriores gobiernos capitalistas privados y los médicos privados. El régimen de Chávez ha construido y financiado una amplia red de supermercados de gestión pública que venden alimentos y artículos domésticos a precios subvencionados a las familias de bajos ingresos. En materia de política exterior, el presidente Chávez se ha opuesto sistemáticamente a las guerras de EE.UU. en Oriente Próximo y Asia Meridional, y a toda la justificación de las guerras imperiales basada en la doctrina de la Guerra contra el terrorismo.

¿Qué hay de nuevo en el socialismo del siglo XXI venezolano?

Varias preguntas surgen en relación con la versión venezolana de socialismo del siglo XXI: primera, ¿es realmente socialista o, mejor aún, representa una ruptura con el socialismo del siglo XX en todas sus variantes?; segunda: ¿cuál es el “equilibrio” entre los rasgos capitalistas anteriores y actuales de la economía, y las reformas socialistas introducidas durante el decenio de Chávez?; tercera, ¿en qué medida los cambios sociales han reducido las desigualdades y proporcionan una mayor seguridad a la masa de la población en este período de transición?

Hoy Venezuela es una economía mixta, con un sector privado que sigue siendo predominante en bancos, agricultura, comercio y comercio exterior. La propiedad estatal ha crecido, y las prioridades sociales nacionales dictan la asignación de los recursos petroleros. Si bien la economía mixta de Venezuela se asemeja a las economías de la primera época posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay una diferencia clave: el Estado posee el sector de exportación más lucrativo y la principal fuente de ingresos de divisas.

Aunque el gobierno ha incrementado el gasto social en magnitudes comparables o superiores a algunos de los primeros gobiernos socialdemócratas, no ha reducido la gran concentración de la riqueza ni los ingresos de las clases altas por medio de altos tipos impositivos progresivos, como en Escandinavia y otros lugares. Las desigualdades siguen siendo mucho mayores que las que existían en siglo XX, y son comparables a las restantes sociedades latinoamericanas de hoy. Además, los niveles medio-alto y alto de la burocracia estatal, especialmente en el sector del petróleo e industrias afines, tienen niveles de remuneración que son comparables a sus homólogos capitalistas, como sucedió con las industrias nacionalizadas en Gran Bretaña y Francia.

La autogestión de las empresas públicas, una idea relativamente nueva en Venezuela, ha ido más allá de los límites de los programas de coparticipación socialdemócrata aplicados en Alemania, y se limita a menos de media docena de grandes empresas, muy lejos de las extensas redes a escala nacional existentes en la Yugoslavia socialista entre los años 1940 y 1980.

Las propuestas de reforma agraria del régimen, aunque radicales en su intención y promovidas por la fuerza por el presidente Chávez, no han podido cambiar la relación entre los trabajadores agrícolas, los campesinos y los grandes terratenientes. Cuando se han hecho progresos en la distribución de la tierra, la burocracia gubernamental no ha proporcionado a los beneficiarios de la reforma los servicios de extensión, financiación, infraestructuras y seguridad.

La Guardia Nacional, por acción u omisión, no ha conseguido poner fin a los asesinatos de dirigentes y defensores de la reforma agraria a manos de pistoleros a sueldo de los terratenientes. A finales de 2009, hay más de 200 asesinatos de campesinos sin resolver.

Mientras que los publicistas de socialismo del siglo XXI han hecho hincapié en las nacionalizaciones de las empresas de petróleo de los anteriores propietarios, no dan cuenta del creciente número de nuevas empresas conjuntas establecidas con compañías transnacionales de China, Rusia, Irán y la Unión Europea. En otras palabras, mientras que el papel de algunas transnacionales de EE.UU. ha disminuido, la inversión de capital extranjero en los sectores de la minería y el petróleo se ha incrementado, especialmente en los extensos yacimientos del Orinoco. Aunque el cambio de socios de inversión en el ámbito del petróleo reduce la vulnerabilidad estratégica de Venezuela a las presiones de EE.UU., no por ello se potencia el carácter socialista de la economía. Las empresas conjuntas añaden peso al argumento de que la economía basada en empresas de propiedad público-privada se aproxima al modelo de la socialdemocracia de mediados del siglo XX.

El aspecto más cuestionable de la autoafirmación de Venezuela en el socialismo es su ininterrumpida dependencia de un único producto –el petróleo– en un 70% de sus ingresos de exportación, y su dependencia de un mercado único –Estados Unidos–, un socio comercial abiertamente hostil y desestabilizador. Los esfuerzos del gobierno venezolano por diversificar sus socios comerciales adquieren mayor urgencia tras el pacto militar de Obama con el presidente colombiano Álvaro Uribe, de instalación en siete bases militares. Igualmente amenazador para la base de masas de la vía de Chávez al socialismo es la altísima tasa de delincuencia basada en el crecimiento de un lumpenproletariado, y en sus vínculos con el narcotráfico colombiano y funcionarios civiles y militares. En muchos barrios populares, los delincuentes compiten con los líderes de los consejos comunales por la hegemonía, utilizando los disturbios y la violencia para ejercer su dominio. La ineficacia del Ministerio del Interior y de la policía, y la falta de una estrecha relación de trabajo con las organizaciones de barrio representan una seria debilidad en la movilización de la sociedad civil, y marcan una limitación en la eficacia del movimiento de los consejos comunales.

Las importantes reformas introducidas por el gobierno de Chávez y la original síntesis de anticolonialismo de emancipación bolivariano con el marxismo y el antiimperialismo marcan una ruptura con las prácticas neoliberales predominantes generalizadas en América Latina en el cuarto de siglo anterior, que siguen vigentes en numerosos gobiernos contemporáneos de otro signo.

Lo qué es dudoso, sin embargo, es si todos estos cambios equivalen a una nueva versión del socialismo, dado el predominio de las relaciones de propiedad capitalista en los sectores estratégicos de la economía, y las desigualdades de clase persistentes tanto en el sector público y privado.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el socialismo no es un concepto estático, sino un proceso continuo, y que la mayor parte de las medidas recientes tienden a ampliar el poder popular en las fábricas y los barrios.

Ecuador

En Ecuador, el presidente Correa ha adoptado la retórica del socialismo del siglo XXI y ha ganado credibilidad con varias de sus iniciativas de política exterior, entre otras la terminación del contrato de arrendamiento a EE.UU. de la base militar de Manta, el cuestionamiento de una parte de la deuda externa contraída por los gobiernos anteriores, la crítica de las incursiones transfronterizas de Colombia y el asalto militar de un campamento clandestino de la guerrilla colombiana, así como su crítica a los tratados de libre comercio con EE.UU. y su apoyo al programa de integración regional de Venezuela, el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Numerosos medios, entre otros el New York Times, el Financial Times y periodistas de izquierda, del Norte y el Sur, han calificado al presidente Correa como parte de una “nueva ola de presidentes izquierdistas.”

En cuanto a los asuntos de política interna, la pretensión del presidente Correa de ser miembro fundador del socialismo del siglo XXI se basa en su crítica de los partidos de derecha tradicionales y de la oligarquía. En otras palabras, su socialismo se define por aquellos a los que se opone, más que por ningún cambio social estructural.

Sus principales logros nacionales giran en torno a su denuncia de los principales partidos electorales, su apoyo y el liderazgo del movimiento ciudadano, y su éxito en el derrocamiento del gobierno derechista respaldado por EE.UU. de Lucio Gutiérrez, su convocatoria de una Asamblea Constituyente, y la redacción de una nueva constitución. Estas transformaciones jurídicas y políticas definen el límite exterior del radicalismo de Correa y conforman las bases sustantivas de su pretensión de ser un socialismo del siglo XXI. Si bien estas decisiones de política exterior y estos cambios políticos nacionales, especialmente si se observan en el contexto de un aumento de los gastos sociales durante sus primeros tres años de mandato, permiten calificar al gobierno ecuatoriano como de centro-izquierda, no son suficientes o no equivalen a un programa socialista, en particular al observarlos en una matriz estructural socioeconómica más amplia.

Crítica del socialismo del siglo XXI ecuatoriano

La diferencia más notable respecto a cualquier reivindicación creíble del socialismo es la persistencia y la expansión de la propiedad privada capitalista extranjera de los recursos estratégicos minerales y energéticos: el 57 por ciento del petróleo ecuatoriano lo producen transnacionales extranjeras. Se han firmado o renovado contratos de gran escala y largo plazo que garantizan el control mayoritario por parte de empresas transnacionales de los sectores que proporcionan la mayor parte de los ingresos por exportaciones. Y lo que es peor, Correa ha reprimido y rechazado violentamente las reclamaciones de larga data de las comunidades indígenas amazónicas y andinas que viven y trabajan en las tierras otorgadas a las transnacionales mineras. Al rechazar las negociaciones, Correa ha descalificado a los cuatro grandes movimientos indígenas y sus aliados ecologistas tildándolos poco menos que de ser un puñado de elementos atrasados, si no algo peor. La contaminación de las aguas, el aire y la tierra, que produce graves enfermedades y muertes, por las compañías petroleras extranjeras ha quedado demostrado en los tribunales de EE.UU., donde Texaco se enfrenta a una denuncia que puede costarle millones de dólares. A pesar de las sentencias judiciales adversas, Correa ha continuado su esfuerzo para hacer de la explotación minera de exportación el elemento central de su estrategia de desarrollo.

A la vez que ha atacado vigorosamente a la clase capitalista agroexportadora de la costa, centrada en Guayaquil, Correa ha apoyado decididamente y subvencionado a los capitalistas de Quito (zona andina). Su retórica antioligarquíca no es ciertamente una retórica anticapitalista, como su respaldo del socialismo del siglo XXI pudiera indicar.

El éxito del presidente Correa en la creación de un movimiento electoral ciudadano de masas se mide por sus impresionantes victorias electorales, que le han asegurando mayorías presidenciales en competencia multipartidista, y de más del 70 por ciento en las elecciones constitucionales. A pesar de su popularidad, el respaldo popular de Correa se basa principalmente en concesiones a corto plazo, en forma de aumentos salariales y concesión de créditos a la pequeña empresa, medidas que no son sostenibles en esta fase de comienzos de la recesión mundial. La concesión de monopolios de telecomunicaciones a empresas privadas, su oposición a la reforma agraria, y las restricciones a los movimientos huelguistas, aunque no han provocado problemas sistémicos han producido un número creciente de huelgas y protestas. Más importante aún, el fortalecimiento capitalista, sobre todo de propiedad extranjera, del control estratégico de la banca; la exportación comercial; y los sectores mineros, reducen las pretensiones de socialismo del siglo XXI a un ejercicio meramente simbólico, retórico. Lo que es evidente es que la base del nuevo socialismo se basa en decisiones de política exterior (susceptibles de ser revertidas), en lugar hacerlo en cambios en las relaciones de clase, la propiedad y el poder popular. El socialismo del siglo XXI, en el caso de Ecuador, aparece como una forma conveniente de combinar unas acciones innovadoras de política exterior con una estrategia de desarrollo neoliberal de modernización. Por otra parte, las medidas radicales iniciales no se oponen a un posterior retroceso conservador, como se evidencia en el cuestionamiento de la deuda externa, que causó una explosión prematura de alegría por parte de la izquierda, y un posterior regreso a los pagos completos de la deuda.

El socialismo boliviano: capital blanco, trabajo indio

El mayor contraste entre el socialismo del siglo XX y el del XXI se observa entre el régimen actual de Evo Morales (2005-) y la presidencia de corta duración Juan José Torres (1970-1971).

Mientras que el primero ha invitado, abierta y públicamente, a las compañías transnacionales de los cinco continentes a explotar el gas, el petróleo, el cobre, el hierro, el litio, el zinc, el estaño, el oro, la plata y una larga lista de otros minerales; en el siglo, el corto gobierno de Torres nacionalizó y expropió las empresas capitalistas nacionales y extranjeras. Mientras que en la actualidad se han repatriado miles de millones de beneficios durante y después del boom de los productos básicos, en tiempos de Torres, el control estatal sobre los flujos de capital y el comercio exterior limitó la descapitalización del país. A la vez que Evo Morales ofrece cientos de millones en préstamos, subvenciones a la exportación e incentivos fiscales a los exportadores agrícolas más ricos, y expulsa de las grandes propiedades a los ocupantes indígenas sin tierra, en la presidencia de Torres se fomentó la toma de tierras, como medio de profundizar las políticas de reforma agraria. Hay una abundancia de datos socioeconómicos que demuestran que las políticas socialistas emprendidas durante la presidencia de Torres son diametralmente opuestas a las políticas sociales liberales practicadas por el régimen de Morales. En las secciones siguientes se destacan las principales políticas sociales y liberales del régimen de Morales, a fin de evaluar el verdadero significado del autoproclamado socialismo del siglo XXI en Bolivia.

Los cambios sociales

En sus primeros cinco años en el poder (2005-2009), el gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo numerosos cambios sociales. La cuestión es si estos cambios equivalen a alguna de las definiciones más generosas de socialismo, o incluso a medidas de transición conducentes al socialismo en un futuro cercano o lejano, dado el alcance y la profundidad de las políticas económicas liberales adoptadas.

Morales ha implementado cambios sociopolíticos en nueve ámbitos. El cambio interno más significativo es en el ámbito político, cultural y de derechos jurídicos de los pueblos indígenas. El régimen ha reconocido derecho de autogobierno a los municipios indígenas, ha reconocido y promovido el bilingüismo en los asuntos locales y la educación, y ha dado rango nacional a las celebraciones de religiosas y festivas indígenas, a la vez que promueve la persecución de los que violen o vulneren los derechos civiles de los indígenas.

Con Morales, el Estado ha aumentado ligeramente su cuota de ingresos provenientes de las empresas conjuntas establecidas con corporaciones transnacionales, ha aumentado el precio del gas vendido a Brasil y Argentina, y también el porcentaje del ingreso destinado al gobierno estatal por encima y en detrimento de los gobiernos provinciales. Dados los precios récord de las exportaciones agrícolas y mineras de Bolivia entre 2005 y 2008, los municipios locales aumentaron su flujo de ingresos, si bien en realidad las inversiones en los sectores productivos y de servicios se han retrasado a causa de obstáculos burocráticos.

Morales autorizó aumentos sustanciales del salario mínimo y los salarios en general, con lo que ha mejorado marginalmente las condiciones de vida. Los aumentos, sin embargo, estaban muy por debajo de las promesas electorales de Morales de duplicar el salario mínimo, y ciertamente no son equiparables a los beneficios extraordinarios obtenidos como resultado del auge de las materias primas.

El juicio abierto a funcionarios locales y al gobernador provincial de Pando, así como a los terroristas de derecha, por el ataque y asesinato de activistas indígenas ha puesto fin a la impunidad de las agresiones contra los ciudadanos indígenas.

El éxito del que más satisfecho está el gobierno es la acumulación de reservas de divisas por un monto de 6.000 millones de dólares, en lugar de las anteriores de 2.000 millones; la disciplina fiscal y el control estricto del gasto social; y una balanza de pagos favorable. En este sentido, las prácticas de Morales han estado más en consonancia con el FMI que con nada remotamente parecido a las prácticas expansivas de los gobiernos socialistas y socialdemócratas.

Triplicar las reservas ante una continuidad de los niveles de pobreza del 60 por ciento de la población indígena, en su mayoría rural, es una política nueva para cualquier gobierno que se pretenda socialista. Ni siquiera otros países capitalistas contemporáneos de América del Norte y la Unión Europea han sido tan ortodoxos como el régimen político revolucionario de Morales.

Morales ha promovido las organizaciones sindicales y sobre todo ha evitado la represión de los movimientos mineros y movimientos campesinos, pero al mismo tiempo ha cooptado a sus dirigentes, disminuyendo así el número de huelgas y demandas colectivas independientes, a pesar de las persistentes desigualdades sociales. De hecho, una mayor tolerancia va acompañada por una relación corporativista creciente entre el régimen y los sectores populares de la sociedad civil.

La estrategia económica del gobierno se basa en una triple alianza entre las transnacionales agroindustriales y de minerales, los capitalistas de las pequeñas y medianas empresas, y los movimientos indígena y sindical. Morales ha invertido millones de dólares en subvencionar a las denominadas cooperativas, que son en realidad propiedades privadas de minas de pequeño y mediano tamaño que explotan el trabajo asalariado con remuneraciones iguales o inferiores al salario normal de los mineros de las grandes explotaciones.

Los principales cambios se dan en su política exterior y en la retórica internacional. Morales se ha alineado con Venezuela en apoyo a Cuba, se ha incorporado a ALBA, ha desarrollado los lazos con Irán, y, sobre todo, se ha opuesto a la política de EE.UU. en varias áreas importantes. Asimismo, se opone al embargo de este país contra Cuba, a sus siete bases militares en Colombia, al golpe de Estado en Honduras y al levantamiento de las preferencias arancelarias. Igualmente importante, Bolivia ha puesto fin a la presencia de la Drug Enforcement Agency (DEA), organismo oficial estadounidense de lucha contra la droga, ha reducido algunas de las actividades de la US Agency for International Development (AID) por subvencionar a organizaciones sociopolíticas de derecha, y realizar actividades de desestabilización. Morales se ha pronunciado enérgicamente contra las guerras de EE.UU. en Afganistán e Irak, ha condenado los ataques de Israel contra los palestinos, y se ha manifestado firme partidario de la no-intervención, salvo en el caso de Haití, donde Bolivia sigue enviando tropas.

Crítica del socialismo del siglo XXI boliviano

El aspecto más llamativo de la política económica boliviana es el mayor volumen y alcance de las inversiones de empresas transnacionales extranjeras en capital de extracción. Cerca de un centenar de transnacionales explotan en la actualidad los minerales de Bolivia y sus recursos energéticos, en condiciones muy lucrativas, dados los bajos salarios y las pocas regulaciones ambientales. Por otra parte, en un discurso leído en Madrid, en septiembre de 2009, Morales invitó a una audiencia de élite de banqueros e inversores a invertir en Bolivia, siempre y cuando no intervinieran en la política interna y estuvieran dispuestos a aceptar la propiedad conjunta. Con independencia de los resultados de estas estrategias de explotación minera basada en el capital extranjero –que en la actualidad no son muy alentadores–, el esquema da un toque peculiar a este socialismo del siglo XXI: la sustitución del proletariado y los campesinos por los ejecutivos extranjeros y los tecnócratas locales es una novedad en la practica del socialismo de cualquier siglo, y está más adecuadamente asociada con el capitalismo de libre mercado.

De acuerdo con las políticas de Morales de puertas abiertas al capital minero, el gobierno ha fortalecido y subvencionado generosamente y otorgado préstamos a bajo interés al sector agroindustrial, incluso en aquellas provincias, como la Media Luna, donde la agroindustria ha apoyado a grupos de extrema derecha para desestabilizar el régimen. La voluntad de Morales de pasar por alto la hostilidad política de la elite agroindustrial, y de financiar su expansión es un claro indicio de la alta prioridad que da al crecimiento capitalista ortodoxo por encima de cualquier preocupación por el desarrollo de un polo alternativo en torno a los campesinos y los trabajadores agrarios sin tierra.

Una visita a las zonas rurales y los barrios urbanos confirma los informes publicados acerca de la naturaleza inmutable de las desigualdades de clase. Las cien familias más ricas de Santa Cruz siguen poseyendo más del 80 por ciento de las tierras fértiles, y más del 80 por ciento de los campesinos y los indígenas rurales están por debajo del umbral de pobreza. La propiedad de las minas, el comercio mayorista y minorista, la banca y el crédito continúan concentrados en una oligarquía que en los últimos años ha diversificado su cartera en otros sectores económicos, creando así una clase dirigente más integrada y con una mayor vinculación con los actores del capitalismo mundial.

Morales ha cumplido su promesa de proteger y fortalecer a la élite económica multisectorial tradicional, pero también ha sumado y promovido a recién llegados, privados y burocráticos, sobre todo altos ejecutivos extranjeros y altos funcionarios, muy bien pagados, que dirigen las empresas conjuntas.

Aunque la mayoría de los socialistas de cualquier siglo estarían de acuerdo en que los grandes propietarios no son los mejores fundamentos posibles para una transición socialista, Morales se ha apoyado y ha promovido la producción agraria destinada a la exportación en lugar de la agricultura familiar de producción local de alimentos. Peor aún, las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas apenas ha mejorado, y, en un caso extremo, algunos miles de indígenas seguían siendo explotados como mano de obra esclava tres años después de la llegada de Morales al poder. La dura explotación de los trabajadores agrícolas es una preocupación menor que el aumento de la productividad, las exportaciones y los ingresos del Estado. Si bien se ha aprobado una legislación laboral que facilita la actividad sindical, ésta no se aplica en el campo, sobre todo en las provincias de la Media Luna, donde los inspectores laborales evitan enfrentarse con las asociaciones de propietarios, bien afianzadas. Las ocupaciones de tierras por algunos trabajadores rurales sin tierra han sido denunciadas por el gobierno. Los movimientos de base que presionan por una reforma agraria en extensas fincas infracultivadas han sido decididamente rechazados por el gobierno, que viola con ello sus propias declaraciones que sólo las granjas cultivadas no serían expropiadas.

Dado el énfasis del gobierno en los aspectos cultural y político de su versión de socialismo del siglo XXI, no es sorprendente que se hayan dedicado más tiempo y más recursos a la celebración de fiestas, cantos y danzas indígenas que a la expropiación y distribución de tierras fértiles a la masa de indígenas desnutridos.

El esfuerzo del régimen para desviar la atención de la reforma agraria, mediante la solución de instalar a los indígenas sin tierra en las tierras públicas tropicales alejadas ha sido un desastre. Este plan de colonización, organizado por el llamado Instituto de Reforma Agraria, arrojó a los indígenas del altiplano a unas tierras asoladas por las enfermedades y sin preparación de la tierra, sin las herramientas, las semillas y los fertilizantes necesarios, e incluso sin viviendas. Huelga decir que en menos de dos semanas, los indígenas exigieron su transporte de vuelta a sus pobres aldeas, que resultaban mejores en comparación que las zonas infestadas de malaria de aquellos remotos asentamientos improvisados. Para compensar la falta de un amplio programa de redistribución de la tierra, Evo Morales de vez en cuando organiza, con pompa, ceremonia y mucha publicidad, regalos de tractores a los agricultores medianos y pequeños, en lo que es más un acto de clientelismo político que no parte de un movimiento social transformación.

Los dos aspectos más llamativos de la estrategia económica y política de Morales son el énfasis en las exportaciones tradicionales de minerales y la construcción de una maquinaria electoral de tipo corporativista y clientelista clásico.

En el quinto año de su gobierno, las empresas conjuntas establecidas con las transnacionales extranjeras han extraído y exportado materias primas con poco valor añadido. Resulta sorprendente el bajo nivel de industrialización y transformación en productos finales, que podrían generar un mayor empleo industrial. La misma historia se aplica a las exportaciones agrarias: la mayor parte de los cereales y otros productos agrarios no se procesan en Bolivia, lo que proporcionaría miles de puestos de trabajo a la masa pobre de indígenas sin tierra. El régimen ha acumulado grandes reservas, pero no ha conseguido financiar o fomentar la industria local de sustitución de las importaciones de capital, bienes intermedios y bienes de consumo duradero.

Esta estrategia política se asemeja mucho a la adoptada hace medio siglo por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), gracias a la cual los sindicatos y, especialmente, los movimientos campesinos se incorporaron al Estado. A falta de cambios socioeconómicos relevantes, el gobierno se ha basado en el patrocinio público, canalizado a través de sindicatos y dirigentes campesinos e indígenas, que fluye en forma de favores a elementos locales leales al partido. El clientelismo, estilo Morales, está constantemente reforzado por una serie de gestos simbólicos de afirmación de la identidad étnica indígena, y la solidaridad entre el donante y el receptor en la relación de clientelismo político.

El socialismo del siglo XXI, en la práctica política de Evo Morales es mucho menos innovador y socialista, y está mucho más cerca en su estilo político de sus predecesores corporativistas del siglo XX. Los observadores que tengan poco conocimiento del pasado político en Bolivia, los periodistas “impresionistas” enamorados de las políticas simbólicas, y los escritores de asuntos financieros que colocan de forma indiscriminada la etiqueta de socialista sobre políticos que sólo cuestionan de manera retórica la doctrina del libre mercado, han reforzado la imagen radical o de socialismo del siglo XXI del gobierno de Morales. Teniendo en cuenta lo que hemos descrito sobre las prácticas reales de los gobiernos socialismo del siglo XXI, resulta útil ubicarlos en un marco histórico comparativo más amplio a fin de poder discernir su posible impacto en la sociedad latinoamericana.

Análisis histórico comparativo de tres casos de socialismo del siglo XXI

A pesar de las afirmaciones de los publicistas gubernamentales, el aspecto más llamativo de los gobiernos del socialismo del siglo XXI es lo escasamente nuevo o específico de sus políticas. La adopción de una economía mixta y un juego político acorde a las normas institucionales de un estado capitalista liberal, difiere poco de las prácticas de los partidos socialdemócratas europeos de fines de la década de 1940 hasta mediados de 1970. En la medida en que el socialismo del siglo XXI persigue una política nacionalista (y debemos tener en cuenta que nacionalización significa expropiación y propiedad pública), las políticas son un pálido reflejo de las medidas adoptadas desde la década de 1930 hasta mediados de los 70. Con la excepción del régimen de Chávez, el resto de lo que pasa por socialismo del siglo XXI ha nacionalizado en el mejor de los casos empresas privadas en quiebra, ha aumentado sus participaciones en empresas conjuntas, y ha aumentado los impuestos a los exportadores de minerales y productos agrarios.

El “indigenismo”, que se expresa con más fuerza expresadas en los dos gobiernos andinos, Bolivia y Ecuador, reproduce la retórica del “indoamericanismo” de la década de 1930, expresada principalmente por el teórico peruano marxista José Carlos Mariátegui y el líder político del APRA Haya de la Torre; así como el Partido Socialista de Chile; algunos teóricos de Bolivia y México; Augusto Sandino, el líder guerrillero nicaragüense; y el líder revolucionario salvadoreño Farabundo Martí. En llamativo contraste con los indigenistas del socialismo del siglo XXI, sus predecesores centroamericanos impulsaron profundas reformas agrarias, con la restauración de millones de hectáreas de tierras fértiles confiscadas, y un profundo rechazo del modelo de exportación agroindustrial. La versión anterior del indigenismo combinaba una identificación simbólica junto a profundos cambios de fondo, a diferencia de los indigenistas contemporáneos que dependen sobre todo de los gestos simbólicos y la política de identidad.

Las actuales políticas basadas en las empresas conjuntas recuerdan las alternativas reformistas a la revolución cubana, que encontraron su expresión en la política de Alianza para el Progreso, impulsada por John F. Kennedy, y recogidas por los regímenes cristianodemócratas y socialdemócratas contrainsurgentes de la década 1960. En oposición a los socialistas y comunistas del siglo XX, que estaban a favor de la socialización de la economía, el gobierno demócrata-cristiano de Chile (1964-1970) promovió una “chilenización” alternativa similar a las empresas conjuntas creadas por Evo Morales y Rafael Correa. En otras palabras, el modelo económico del socialismo del siglo XXI se acerca mucho más al modelo antisocialista reformista promovido por EE.UU. en la década de 1960 que a cualquier variante socialista del pasado.

Socialismo del siglo XXI y socialdemocracia del siglo XX

Si bien el alcance y la profundidad de los cambios socioeconómicos perseguidos por el socialismo del siglo XXI no se aproximan a los cambios estructurales de socialismo del siglo XX, podemos analizar en qué medida se equiparan a la variante reformista o socialdemócrata.

Tres casos de gobiernos social-democráticos, de base electoral, vienen a la mente: el régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala (1952-1954), el régimen de Joao Goulart en Brasil (1962-1964) y el régimen de Salvador Allende en Chile (1970-1973). Estos tres gobiernos socialdemócratas emprendieron reformas agrarias de mayor calado, que beneficiaron a miles de campesinos, que las iniciadas por el socialismo del siglo XXI contemporáneo. Y también se produjeron más nacionalizaciones sustanciales reales de empresas extranjeras que en dos de los tres gobiernos socialdemócratas del socialismo del siglo XXI (Venezuela ha expropiado un número comparable de las empresas).

En cuanto a las posturas y práctica en materia de política exterior y la retórica política antiimperialista, son similares, pero los primeros socialdemócratas eran más propensos a expropiar el capital extranjero. Por ejemplo, Arbenz expropió tierras de la United Fruit; Goulart nacionalizó la ITT, empresa telefónica; y Allende expropió Anaconda, la gran empresa del cobre. En cambio, nuestros socialistas del siglo XXI han fomentado la explotación de la tierra y los recursos minerales por las transnacionales extranjeras. Las diferentes políticas económicas exteriores corresponden a la diferente composición interna de clase y a los diferentes alineamientos económicos de las socialdemocracias de los siglos XX y XXI. En contraste con las ideas erróneas convencionales, el socialismo del siglo XXI ha consumado los pactos entre los tecnócratas del régimen, las transnacionales y las elites agro-mineras nacionales, todos los cuales tienen un peso mucho mayor en los centros de toma de decisiones que la base electoral de masas de indígenas y obreros. En comparación, los movimientos campesinos y obreros tenían una mayor representación e independencia de acción dentro y fuera de los gobiernos socialdemócratas del siglo XX.

El socialismo del siglo XXI: ¿una historia nueva, o un proceso político cíclico?

Un examen de los pasados 60 años de historia latinoamericana revela un patrón cíclico constante y alterno, de una oleada de gobiernos de izquierda tras una de gobiernos de derecha. La constante subyacente ha sido la lucha entre, por un lado, las proyecciones imperialistas de EE.UU., sea a través de la intervención directa, las dictaduras militares o los gobiernos civiles satélites, y, por otro lado, los movimientos y gobiernos populares y socialistas. La cuestión es saber si esta última oleada de centro-izquierda es simplemente la última expresión de este patrón cíclico, o si las modificaciones de base en relaciones estructurales internas y externas subyacentes están operando para facilitar un proceso más sostenible. Vamos a proceder a esbozar la evolución cíclica izquierda-derecha del pasado, y a continuación debatir algunos cambios clave contemporáneos a escala mundial y regional que podrían conducir a una mayor sostenibilidad de la hegemonía política de la izquierda.

Desde la Segunda Guerra Mundial, América Latina ha experimentado globalmente cinco ciclos de predominio izquierda-derecha.

El período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del fascismo, fue testigo en todo el mundo del avance de la democracia, la lucha contra el colonialismo y las revoluciones socialistas. América Latina no fue la excepción. Gobiernos de centro-izquierda, socialdemócratas y nacionalistas-populistas de frente popular asumieron el poder en Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Bolivia, entre 1945 y 1952. Juan Domingo y Eva Perón nacionalizaron los ferrocarriles, legislaron uno de los programas de bienestar social más avanzados, y elaboraron a escala regional una tercera vía en política exterior independiente de EE.UU. Una coalición de socialistas, comunistas y radicales ganó las elecciones de 1947 en Chile con la promesa de amplias reformas laborales y sociales. En Costa Rica, un levantamiento político llevó al desmantelamiento del ejército nacional. En Venezuela, un partido socialdemócrata (Acción Democrática) se comprometió a extender el control público sobre los recursos del petróleo y a incrementar los ingresos fiscales. En Guatemala, el recién elegido presidente Arbenz expropió los campos no cultivados de la United Fruit Company, puso en práctica una amplia legislación laboral que promovía el crecimiento de los sindicatos, y acabó con el peonaje por deudas de los indígenas. En Bolivia, una revolución social dio lugar a la nacionalización de las minas de estaño, una profunda reforma agraria, la desaparición del ejército y de la formación milicias obreras y campesinas. En el Brasil de Getulio Vargas se promovió la propiedad estatal, una economía mixta y la industrialización nacional.

La puesta en marcha de la doctrina Truman en la década de 1940, la invasión por EE.UU. de Corea (1950), y el fomento agresivo de la Guerra Fría comportaron una intervención enérgica de EE.UU. contra los gobiernos democráticos de centro-izquierda y nacionalistas en América Latina. Con el visto bueno de Washington, las oligarquías de América Latina y los intereses empresariales de EE.UU. respaldaron una serie de golpes militares y de dictaduras durante toda la década de 1950. En Perú, el general Odría tomó el poder, el general Pérez Jiménez hizo lo propio en Venezuela, el general Castillo Armas fue instalado en el poder por la CIA en Guatemala, el presidente elegido Juan Domingo Perón fue derrocado por los militares argentinos en 1955, y el presidente brasileño Vargas fue empujado al suicidio. EE.UU. logró forzar la ruptura del frente popular y la ilegalización del Partido Comunista de Chile, y dio su apoyo al golpe de Fulgencio Batista en Cuba, y las dictaduras de Papá Duvalier en Haití y de Rafael Trujillo la República Dominicana. El ascenso de la extrema derecha, el derrocamiento de gobiernos de centro-izquierda y la sangrienta represión de sindicatos y movimientos campesinos consiguieron asentar la hegemonía de EE.UU., la aceptación de las políticas de Guerra Fría de este país, y abrió la puerta a la invasión económica de las corporaciones.

A finales de la década de 1950, el extremismo de la dominación y explotación de EE.UU., la represión brutal de todos los movimientos sociales democráticos y partidos de izquierda, y el saqueo a cargo de las oligarquías del tesoro público condujo a levantamientos populares y un retorno a la hegemonía de la izquierda.

Entre 1959 y 1976, regímenes de izquierda gobernaron o estuvieron a punto de gobernar en todo el continente, con diferentes grados de éxito y duración. La revolución social cubana de 1959 y una revolución política en Venezuela en 1958, fueron seguidas por la elección de los gobiernos nacional-populistas de Joao Jango Goulart en Brasil (1962-1964); Juan Bosch (1963), restablecido brevemente en 1965; Salvador Allende en Chile (1970-1973); y Perón en Argentina (1973-1975). Militares nacional-progresistas populistas tomaron el poder en Perú (Velasco Alvarado, 1968), Guillermo Rodríguez en Ecuador (1970), Ovando (1968) y Juan José Torres (1970) en Bolivia, y Omar Torrijos en Panamá. Todos ellos desafiaron en mayor o menor grado la hegemonía estadounidense. Todos fueron respaldados por movimientos populares de masas, que exigían radicales reformas socioeconómicas. Algunos gobiernos nacionalizaron sectores económicos estratégicos y aplicaron medidas anticapitalistas de largo alcance.

Sin embargo, todos menos la revolución cubana tuvieron corta vida. Incluso en pleno giro a la izquierda de los años 60 y 70, EE.UU. y sus satélites militares intervinieron enérgicamente para revertir la perspectiva de los cambios sociales progresistas. El gobierno del brasileño Goulart cayó ante un golpe militar respaldado por EE.UU., en 1964; éste fue precedido por el derrocamiento de Juan Bosch en 1963 y seguido por la invasión militar estadounidense contra la revolución restauradora dominicana de 1965-66; un golpe militar respaldado por EE.UU. en Bolivia derrocó a Torres en 1971; y Salvador Allende fue derrocado por un golpe conjunto CIA-militares en 1973, seguido por Velasco en 1974, y Perón en 1976. La prometedora y profunda oleada de izquierda había terminado por el resto del siglo XX.

Entre 1976 y 2000, con la notable excepción de la victoria de la revolución sandinista en 1979, la derecha fue en ascenso, y su largo mandato se realizó por medio de la peor oleada de represión en todo el continente en la historia de América Latina. Los gobiernos militares y los gobiernos civiles neoliberales autoritarios posteriores desmantelaron todas las barreras arancelarias y los controles de capitales en una zambullida salvaje en el libre mercado más extremista y dañino, y en sus políticas económicas imperiales. Entre 1976 y 2000, más de cinco mil empresas públicas fueron privatizadas y la mayoría fueron adquiridas por transnacionales extranjeras; asimismo, más de un billón y medio de dólares fueron transferidos al extranjero en concepto de beneficios, regalías, pagos de intereses, pillaje de fondos públicos, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Sin embargo, esta edad de oro del capital estadounidense, durante la década de 1990, fue un período de estancamiento económico, polarización social y creciente vulnerabilidad a las crisis. El escenario estaba listo para las revueltas populares de los primeros años del nuevo milenio y el ascenso de la última oleada de gobiernos de centro-izquierda en la región, lo cual nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad de este nuevo grupo de gobiernos.

Algunos cambios histórico-estructurales mundiales

Uno de los factores clave para revertir las pasadas oleadas de gobiernos de izquierda en América Latina fue el poder económico y la capacidad intervencionista de EE.UU..

Hay pruebas sólidas que muestran que en ambos aspectos el poder estadounidense ha sufrido una disminución relativa. EE.UU. ya no es un país acreedor, ya no es el primer socio comercial con Brasil, Chile, Perú y Argentina, y está perdiendo terreno en el resto de América Latina, excepto México. Washington ha perdido influencia incluso en su patio trasero: el Caribe y América Central, donde varios países han firmado un acuerdo de petróleo subsidiado venezolano (Petrocaribe). Washington, como para compensar su pérdida de influencia económica, manifestada en el rechazo de su propuesta de un acuerdo de libre comercio de alcance latinoamericano, ha aumentado su presencia militar, mediante la implantación en siete bases militares en Colombia, el apoyo al golpe de estado en Honduras contra un presidente social-liberal, y con la presencia de la IV Flota frente a las costas de América Latina. A pesar de la proyección “del poder militar”, circunstancias fuera de América Latina se han debilitado la capacidad de EE.UU. intervencionistas, a saber, la prolongada costosas guerras sin fin en Irak, Afganistán, Pakistán y la confrontación militar con Irán. Los ya altos niveles de agotamiento del público y de la oposición, hace que sea difícil para Washington para lanzar la guerra cuarto en América Latina. Por lo tanto, se basa en las finanzas y militar cliente local – configuraciones de poder civil, para desestabilizar y derrocar de centro-izquierda adversarios. El aumento en los mercados mundiales, especialmente en Asia, ha permitido a los gobiernos de América para diversificar sus mercados y socios de inversión, lo que limita el papel de EE.UU. MNC y limita su posible papel político como proveedores de las políticas del Departamento de Estado. La financiarización de la economía de EE.UU. ha erosionado su base industrial y ha limitado su demanda de productos agrarios y minerales de América Latina, desplazando la dependencia de esta región a las nuevas potencias emergentes. Además, por haber sufrido las consecuencias de las crisis financieras, los gobiernos de América Latina han impuesto normas relativas a los movimientos de capital, lo que limita el funcionamiento de los bancos de inversión estadounidenses especuladores, principales impulsores de la economía de EE.UU. A pesar de la cháchara de Washington sobre los mercados libres, su aplicación de medidas proteccionistas y subsidios a la agricultura (azúcar, etanol) han contrariado a los principales países de América Latina, como por ejemplo Brasil. En tanto que principal exponente de la fallida doctrina neoliberal de libre mercado, EE.UU. ha sufrido una gran pérdida de influencia ideológica en la región como consecuencia de la recesión mundial de 2007 a 2010.

Por estas razones, una de las principales partes interesadas (el imperialismo estadounidense), responsable de los ciclos de auge y caída de los gobiernos de izquierda, se ha debilitado estructuralmente, lo que potencia la posibilidad de una mayor duración. Sin embargo, sigue siendo un factor importante que actúa con potentes recursos basados en sus estrechos vínculos con las principales fuerzas militares y económicas de derecha de la región. En segundo lugar, por la naturaleza misma de las estrategias de desarrollo elegidas por los gobiernos de centro-izquierda, éstos son muy vulnerables a las crisis, en particular las políticas de exportaciones agrarias y mineras basadas en las élites económicas extranjeras y nacionales y afectadas por las fluctuaciones de la demanda mundial. En tercer lugar, los gobiernos de centro-izquierda no han podido resolver los desequilibrios regionales de base: reducir significativamente las desigualdades sociales y recuperar la propiedad y el control de sectores económicos estratégicos. Estas consideraciones ponen en duda la durabilidad a medio plazo de los actuales gobiernos de centro-izquierda.

Hay pocos cambios internos en la naturaleza del aparato estatal y la estructura de clases que puedan impedir una vuelta atrás a las políticas neoliberales. La cuestión básica de si los actuales gobiernos del socialismo del siglo XXI son peldaños hacia la socialización o simplemente gobiernos transitorios que abren camino para la restauración neoliberal pro estadounidense en la región, sigue estando abierta a discusión aun cuando se están acumulando pruebas de que el resultado citado en último lugar es más probable que el primero.

Conclusión

La cuestión de si el socialismo del siglo XXI es mejor o peor que el del siglo XX depende de qué versiones de cada uno elijamos como términos de comparación, y qué dimensiones políticas seleccionemos en nuestra evaluación comparativa.

En primer lugar no existe un modelo único del socialismo del siglo XX, a pesar de la ecuación fácil que lo identifica con la variante soviética. Ha habido fundamentalmente cuatro tipos radicalmente diferentes de regímenes socialistas en el siglo XX, que a su vez tenían una composición interna variada:

(1) los gobiernos revolucionarios de partido único, que incluyen Cuba, Corea del Norte, China, Vietnam y la URSS. Los cuatro primeros combinaron las luchas por el socialismo y las luchas de liberación nacional, y se configuraron en forma independiente de la URSS, a la vez que mostraron en diferentes momentos un grado mayor y menor de apertura al debate y las libertades individuales. Los cuatro tuvieron que combatir invasiones de EE.UU. y todos estuvieron sujetos a embargos y fuertes campañas de desestabilización que requirieron medidas de seguridad de alto nivel;

(2) los gobiernos revolucionarios socialistas con elecciones multipartido: Chile (1970-1973), Granada (1981-1983), Guyana (1950), Bolivia (1970-1971) y Nicaragua (1979-1989). Fomentaron la competencia partidista y las cuatro libertades incluso a expensas de la seguridad nacional. Todos fueron objeto, con éxito, de intervenciones militares, golpes militares y embargos económicos promovidos por Estados Unidos;

(3) el socialismo autogestionario fue puesto en práctica en las fábricas de Yugoslavia desde finales de 1940 a mediados de la década de 1980, y fue brevemente experimentado en Argelia entre 1963-1964. Movimientos separatistas promovidos por EE.UU. y Europa disolvieron el estado de Yugoslavia, y un golpe militar puso fin al experimento de Argelia;

(4) la socialdemocracia basada en programas sociales de gran escala y larga duración vinculada a la gestión estatal de la política macroeconómica se llevó a cabo en los países escandinavos, especialmente en Suecia.

El estereotipo del modelo soviético de socialismo autoritario impuesto desde el exterior era aplicable sólo a Europa Oriental, e incluso estaba sujeto a cambios y momentos democráticos, como en 1968 en Checoslovaquia y Hungría en el decenio de 1980.

Asimismo hay variaciones significativas entre los socialismos del siglo XXI.

Venezuela ha nacionalizado las principales empresas extranjeras y nacionales (petróleo, acero, cemento, banca, telecomunicaciones), ha expropiado grandes extensiones de tierras de cultivo donde ha establecido más de 100.000 familias, ha financiado programas generales de salud pública universal y educativos, y ha fomentado los consejos comunales y la autogestión de los trabajadores, en unos algunos los casos.

Bolivia ha expropiado pocas de las grandes empresas, si es que ha expropiado alguna. En cambio, Evo Morales ha promovido la formación de empresas conjuntas público-privadas, y ha abierto la puerta a decenas de consorcios de empresas mineras extranjeras, ha apoyado reformas que mejoran y amplían los derechos civiles de los indígenas, y ha aumentado el gasto social en vivienda, infraestructura y alivio de la pobreza. No se ha producido ni está prevista ninguna reforma agraria.

La tercera y más conservadora variante de socialismo del siglo XXI se halla en Ecuador, donde importantes concesiones a las empresas mineras y petroleras han acompañado a la privatización de las concesiones y subvenciones a las empresas de telecomunicaciones y las élites empresariales regionales. En lugar de una reforma agraria, Correa ha transferido algunas tierras indígenas a empresas mineras para su explotación. Los principales rasgos de socialismo se encuentran en unos más altos niveles de gasto social, la revocación de la utilización por EE.UU. de la base militar de Manta, y una crítica general de las políticas comerciales y militares de EE.UU. Correa mantiene la economía dolarizada, lo que limita las políticas fiscales expansionistas.

Recurriendo a los criterios comúnmente aceptados para evaluar el carácter socialista tanto del socialismo del siglo XX como el del siglo XXI, podemos formar un juicio bien fundamentado sobre su desempeño en el logro de mayor independencia económica, justicia social y libertad política.

Propiedad pública

Todas las variantes del socialismo siglo XX –excepto el modelo escandinavo– lograron un mayor control público sobre las principales palancas de la economía que sus contrapartes del siglo XXI. Venezuela es la aproximación más cercana a la experiencia del siglo XX. El desempeño comparativo de los modelos públicos, público-privados y privados varía: en términos de crecimiento y productividad, las empresas públicas del siglo XX han tenido resultados dispares, de alto crecimiento que ha derivado en estancamiento; las empresas conjuntas, sujetas a los caprichos del mercado y la demanda mundial, alternan entre un crecimiento elevado en tiempos de auge, y depresión en los periodos de bajos precios agrícolas.

En términos de relaciones sociales, los beneficios sociales y las condiciones de trabajo en el sector público en general son más generosos que en las empresas conjuntas y las de propiedad privada, aunque la remuneración salarial pueda ser mayor en las segundas.

Reforma agraria

El socialismo del siglo XX tuvo mucho más éxito en la redistribución de la tierra y la quiebra del poder de la clase terrateniente que el socialismo del siglo XXI con ninguna de las medidas aplicadas. Las reformas redistributivas del socialismo del siglo XX contrastan con las agroestrategias de exportación del nuevo socialismo contemporáneo, que ha promovido una mayor concentración de la propiedad y la desigualdad entre las élites de la agroindustria y los campesinos y trabajadores rurales sin tierra. Las reformas agrarias, sin embargo, estuvieron mal gestionados, especialmente en el caso de Cuba y China, y condujeron a una segunda transformación, la redistribución de las granjas estatales entre agricultores familiares y cooperativas.

En general, los socialistas del siglo XX tuvieron mucho más éxito en la reducción de las desigualdades en los ingresos –sin llegar a eliminarlas– que sus colegas contemporáneos. Debido a que los capitalistas del siglo XXI, especialmente los propietarios de grandes minas, la agroindustria capitalista, y los banqueros, todavía controlan las palancas fundamentales de la economía, las desigualdades históricas entre el cinco por ciento superior de la sociedad y el sesenta por ciento inferior siguen sin cambios.

En términos de bienestar social, el socialismo del siglo XXI ha aumentado el gasto social, el salario mínimo, pero, con la notable excepción de Venezuela, sus programas educativos y de salud pública gratuita no están a la altura de los programas financiados por el socialismo del siglo XX.

Aunque hubo desequilibrios regionales entre el campo y la ciudad en el socialismo siglo XX, la población rural del siglo pasado tuvo acceso a una atención médica gratuita, una seguridad social y una atención sanitaria básica que aún falta en la mayoría de los gobiernos de socialismo del siglo XXI.

En términos de luchas antiimperialistas, las acciones del siglo XX fueron muy superiores a las del socialismo del siglo XXI. Por ejemplo, Cuba envió tropas y ayuda militar al sur de África (especialmente a Angola) para rechazar una invasión del régimen racista de Sudáfrica. China envió tropas en solidaridad con Corea y defendió la mitad septentrional del país del ejército invasor de EE.UU. La URSS suministró armas esenciales y misiles de defensa antiaérea en apoyo a la lucha vietnamita de liberación nacional, y proporcionó a Cuba los subsidios económicos y la ayuda militar que le permitió sobrevivir al embargo estadounidense.

A día de hoy, con la excepción parcial de Venezuela, el socialismo del siglo XXI no ha proporcionado apoyo material a las luchas de liberación en curso. Al contrario, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina siguen proporcionando fuerzas militares de apoyo a la ocupación de Haití, patrocinada por Estados Unidos. En el mejor de los casos, el socialismo del siglo XXI ha condenado el golpe de Estado, respaldado por EE.UU., en Honduras (2009), Venezuela (2002) y las bases militares en Ecuador y Colombia, y rechazan los acuerdos de libre comercio propuestos por Estados Unidos.

La única área en la que el socialismo del siglo XXI tiene una ventaja evidente es en la promoción de las libertades individuales y los procesos electorales. Hay una mayor tolerancia del debate público, las elecciones competitivas y los partidos políticos de la que se toleró en algunas variantes de socialismo del siglo XX.

No obstante, la democracia económica o el poder de los trabajadores fue mucho más avanzado en el socialismo del siglo XX en Chile y Yugoslavia que en el socialismo del siglo XXI de elecciones parlamentarias. Por otra parte, en el pasado había una mayor preocupación por las opiniones de los trabajadores en la formulación de políticas, incluso en los sistemas autoritarios, que la que hay en el actual socialismo agro-minero del siglo XXI. La mayor apertura de socialismo del nuevo siglo está relacionada con el hecho de que se enfrentan a amenazas militares de menor intensidad, en parte debido a que no han alterado la naturaleza básicamente capitalista de su economía.

En comparación con el del siglo anterior, el socialismo del siglo XXI es en general más conservador, opera más estrechamente con las transnacionales, es menos antiimperialista, y se basa en coaliciones interclasistas que abarcan todo el espectro de clases, vinculando a los sectores pobres y de clase media a las poderosas élites mineras. Aunque el socialismo del siglo XXI de vez en cuando pueda hacer referencia a los análisis de clase, en tiempos de crisis de sus conceptos operativos oscurecen las divisiones de clase mediante el uso no vago y poco específico de categorías “populistas”.

Tal vez la imagen radical del socialismo del siglo XXI sea el resultado de su contraste con los anteriores gobiernos extremistas de derecha que gobernaron durante el cuarto de siglo anterior. La etiqueta socialista colocada a estos gobiernos por Washington y los medios de comunicación occidentales representa una nostalgia de un pasado de sumisión política sin trabas, saqueo económico no reglamentado y fuerte represión de los movimientos populares, en lugar de un análisis empírico de sus políticas socioeconómicas.

A pesar de que el socialismo del siglo XXI es menos radical y tal vez diste de las definiciones comúnmente aceptadas de la política socialista, sigue siendo un dique de contención del militarismo e intervencionismo de EE.UU., ha puesto un tope al control de los recursos naturales y proporciona una mayor tolerancia para la organización de movimientos sociales.

James Petras

Traducido por S. Seguí, extraído de Rebelión.

~ por LaBanderaNegra en octubre 22, 2009.

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